Edgar Cherubini LOS NIÑOS DE LA GUERRA

los-ninos-de-la-guerra.jpgEn Colombia se estima en unos 11.000 el número de niños, niñas y adolescentes combatientes en los ejércitos guerrilleros de las FARC y el ELN, así como en las filas de los grupos paramilitares (UNICEF, Impacto del Conflicto Armado en los Niños, Niñas y Adolescentes de América Latina, 2003). Los menores, con edades comprendidas entre 9 y 16 años, son utilizados para acciones de alto riesgo tales como la activación y desactivación de minas antipersonales, espionaje, servidumbre y esclavitud sexual para la tropa. Para algunos grupos armados, incluyendo a la guerrilla y a los paramilitares, no importa a quien se recluta, ya sea niño o niña, lo único que buscan es ampliar su contingente frente al escalamiento y deterioro del conflicto. En declaraciones a la prensa, los jefes de las FARC han confirmado en repetidas oportunidades el reclutamiento y la utilización de niños y adolescentes en combate al afirmar con gran naturalidad que “cualquier joven de 15 años está capacitado para empuñar las armas”. Como consecuencia de esto, entre 1990 y el 2002 cerca de 900 niños, niñas y adolescentes han muerto o quedado mutilados a consecuencia de las minas antipersonales. Ya es frecuente verlos entrar en acción portando armas livianas o encontrar sus cuerpos luego del combate.

Según los datos que maneja UNICEF (Impacto del Conflicto Armado en los Niños, Niñas y Adolescentes de América Latina, 2003), “los niños y adolescentes son reclutados por representar un potencial humano disponible, maleable y capaz de realizar diversas tareas en los frentes de combate sin medir riesgos. Por lo general, niños y adolescentes obedecen sin objetar, pueden ser empujados a cometer actos atroces y resultan más baratos que los adultos. La proliferación de armas pequeñas y ligeras de fácil manejo, tales como pistolas, revólveres, fusiles de asalto livianos, ametralladoras, minas y granadas, permiten su utilización a niños y niñas de apenas 10 años”. El reclutamiento forzoso u obligatorio de niños, niñas y adolescentes viola gravemente sus derechos a la vida, a la libertad, a vivir en familia o junto a sus padres, el derecho a la educación, a la salud, a la protección contra la explotación y el abuso sexual, aparte de las consecuencias psicológicas permanentes.

Ante la caótica situación de inseguridad que se vive en algunos municipios de Colombia donde a diario la población civil se ve cogida entre dos fuegos, UNICEF advierte que “dos millones de desplazados, entre ellos cerca de 1.100.000 niños, niñas y adolescentes han padecido la angustia de tener que abandonar sus hogares en medio de la violencia, el miedo y la muerte. La mayoría huye de las áreas rurales para buscar refugio en los suburbios diseminados en las principales ciudades de Colombia, aunque aún así no están seguros, pues los ataques en represalia suelen ser comunes, viéndose forzados muchos de ellos a pasar la frontera hacia países vecinos”. Esta situación atenta contra todos los derechos de los niños y niñas, pues tiene efectos destructivos y de desorganización en el escenario familiar y comunitario provocando profundas transformaciones, mermando las garantías básicas y atentando contra el derecho a la vida.

Después de sufrir tales humillaciones a su dignidad y a su inocencia, los niños que sobreviven a este horror nunca podrán crecer un solo centímetro como hombres y mujeres normales. En medio de la ruina, terror y degradación que producen los conflictos armados como el Colombiano, donde es común la despreciable práctica de utilizar niños, niñas y adolescentes para la violencia y la guerra, hipotecándoles su futuro, impidiéndoles crecer, mutilándolos física y mentalmente, podríamos parafrasear a Henry James y decir con dolor que “la guerra ha agotado las palabras, las ha debilitado, las ha deteriorado”.

La historia sin fin

La insurgencia de grupos armados contra el Estado y sus instituciones que data de los años cincuenta, se intensificó a partir de los años noventa con la multiplicación de los frentes guerrilleros y las sangrientas ofensivas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en combinación con las acciones terroristas de los carteles de la droga. Los grupos irregulares cercanos a los 40.000 hombres en armas le declararon la guerra al Estado colombiano asesinando y secuestrando candidatos a la presidencia, jueces, magistrados, policías, militares, periodistas y poniendo en jaque a la sociedad colombiana. A esto se suman los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mercenarios al mejor postor, acusados muchas veces de realizar el trabajo sucio del ejército. Las AUC y los grupos guerrilleros controlan una parte de la producción y tráfico de drogas en amplias zonas campesinas y selváticas.

Las poderosas organizaciones de narcotraficantes juegan un papel predominante en el conflicto al dominar amplios sectores políticos, financieros y empresariales, llegando a controlar parcelas del Estado y de la misma guerrilla. La alianza entre narcotraficantes y la guerrilla es tácita. Los guerrilleros controlan las plantaciones y cobran un canon por kilo de droga procesada. El narcotráfico ha generado alianzas entre grupos de autodefensa y guerrilla en zonas específicas donde unos aparecen custodiando los cultivos y otros custodiando los laboratorios en la misma zona. La producción y tráfico de drogas ha globalizado el conflicto colombiano.

A raíz de los fracasos del proceso de paz y de la imposibilidad de llegar a un acuerdo político, el gobierno de Uribe apostó por una solución militar y acusó a las FARC de terroristas: “Aquí no hay conflicto sino la agresión del terrorismo contra un pueblo y contra unas instituciones democráticas” declaró Uribe al inicio de su mandato. Por otra parte, Washington otorga al Estado Colombiano más de la mitad de la ayuda militar destinada a toda Latinoamérica a través del Plan Colombia, lo que significa un incremento en el armamentismo de ese país, que se traduce en una escalada en la ofensiva militar contra los grupos insurgentes y una presencia cada vez mayor en Suramérica.

La sociedad colombiana no ha tenido sosiego. Entre 1950 y 1990, tan sólo tres años transcurrieron sin estado de sitio y en el presente, aparte de las promesas de diálogo del ELN y la desmovilización de una parte del contingente de las AUC, así como el accidentado proceso del llamado “canje humanitario”, no se vislumbra salidas inmediatas que conduzca al logro de la paz. La aparición de los niños soldados en el escenario colombiano es una de las consecuencias de una historia de violencia que parece no tener fin. Aquí calza perfectamente la frase de Susan Sontag: “lo espantosa, lo aterradora que es la guerra, es aún más aterradora cuando se convierte en normalidad”.

Según André Glucksmann (Dostoievski en Manhattan), en un conflicto armado el control de la guerra y del terror debe ser bilateral, para distinguir así entre violencias lícitas e ilícitas. Estas “leyes de la guerra”, frágiles y variables, ponen límites a la potencialidad del terror ya que, cada acto que se permita puede llevar a lo inimaginable. El “todo vale” terrorista de un Estado, un grupo o un individuo se auto exime por principio de cualquier regla”. De allí que, cuando no se respetan las convenciones, la guerra se criminalice.

Pasándose del marxismo a la ideología del “se vale todo”, la guerrilla colombiana de las FARC y el ELN, aliadas con el narcotráfico, al igual que los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han sido ubicados en la categoría de “terroristas internacionales”, incursos en crímenes contra la humanidad.

Es un “crimen de guerra” la utilización de niños como soldados

Debido a la internacionalización y “efecto espejo” del conflicto colombiano, conviene refrescar los avances en las leyes para proteger a los niños en conflictos armados: La aprobación en 1989 de la Convención sobre los Derechos del Niño, es el principal instrumento legal para proteger a todos los niños, niñas y adolescentes de cualquier país. Las resoluciones y protocolos sobre los niños y los conflictos armados, tanto de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como de la Organización de Estados Americanos (OEA), instan a los Estados Parte y a las demás partes en los conflictos armados a que tomen las medidas necesarias para acabar con la utilización de niños como soldados, violando el derecho humanitario, y a que se garantice su desmovilización y su reinserción a la sociedad.

El Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niños en Conflictos Armados (2002) es contundente en este sentido. El Estatuto de Roma (1998), ratificado en 2002, considera “crimen de guerra” el reclutar o alistar a niños menores de 15 años para que participen en las hostilidades.

Estas son las leyes internacionales que protegen a los niños de la guerra:

I. Los Convenios de Ginebra (1949) II. Los Protocolos Opcionales (1977) III. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989) IV. El Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma (1998) V. El Convenio 182 de la OIT sobre Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999) VI. Las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la Participación de Menores en Conflictos Armados, específicamente: VII. Resolución 1261 (1999) VIII. Resolución 1314 (2000) IX. Resolución 1379 (2001) X. Resolución 1460 (2003) XI. El Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados (2002).

Este último, es uno de los más importantes instrumentos legales a nivel internacional, el cual puede considerarse como un nuevo tratado que fortalece a la Convención sobre los Derechos del Niño porque prohíbe la participación directa de menores de 18 años en combates, prohíbe a los Estados el reclutamiento forzoso de menores de 18 años y prohíbe a los grupos armados el reclutamiento obligatorio o voluntario y toda participación de menores de 18 años en las hostilidades.

En nuestra región han ratificado el protocolo: Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, panamá, Paraguay, Perú y Colombia, mientras los otros países sólo se han adherido, pero aún no lo han ratificado. (UNICEF, Impacto del Conflicto Armado en los Niños, Niñas y Adolescentes de América Latina, 2003).

En febrero de 2007, 60 países firmaron los “Principios de París” en los que se comprometieron a no emplear niños en los conflictos bélicos, reubicarlos y procurar su reinserción en la sociedad. Los nuevos “principios”, guía de buenas prácticas para acciones sobre el terreno a favor de los niños soldado, hacen énfasis en los casos de las muchachas soldado, que llegan a constituir un alto porcentaje de los menores en ciertos grupos armados. Las niñas son doblemente víctimas porque son explotadas sexualmente y, cuando recobran la libertad, ellas y los hijos que han alumbrado, a menudo fruto de violaciones, son rechazados en sus comunidades. El texto considera como niño soldado a todo menor de 18 años reclutado o utilizado por una fuerza o un grupo armado aunque no participe directamente en hostilidades.

Un futuro hipotecado

En una cultura de la guerra existen pocas salidas para los niños y niñas que viven en medio del desarraigo, el miedo, la soledad, la inseguridad, la discriminación y el maltrato. Podríamos afirmar que el futuro está hipotecado para los niños de Colombia y de otros países que padecen conflictos armados. Según Carol Bellamy, Directora Ejecutiva de UNICEF, “cuando se trata del sufrimiento de niños y niñas afectados por los conflictos armados, todos somos responsables”. El material informativo producido por UNICEF, para la sensibilización y la movilización sobre la Coalición, dirigido a periodistas y formadores de opinión: “Impacto del Conflicto Armado en los Niños, Niñas y Adolescentes de América Latina, 2003”, surge del reconocimiento del papel clave que puede jugar la información exacta y sensitiva al movilizar a la sociedad para cambiar la legislación y la práctica, promoviendo una mejor comprensión de los derechos de los niños e informando y denunciando situaciones.

Según Susan Sontag (Ante el Dolor de los Demás), “al hacer que el sufrimiento parezca más amplio, al globalizarlo, al darle la indispensable significación, acaso lo vuelva acicate para que la gente sienta que ha de importarle más”.

El tema de la niñez afectada por los conflictos armados y la protección de sus derechos, se enfrentará sólo en la medida en que la sociedad entera promueva una cultura de la paz y de la convivencia pacífica.
edgar.cherubini@gmail.com
http://www.analitica.com

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Acerca de Alfonso Molina

Alfonso Molina. Venezolano, periodista, publicista y crítico de cine. Fundador de Ideas de Babel. Miembro de Liderazgo y Visión. Ha publicado "2002, el año que vivimos en las calles". Conversaciones con Carlos Ortega (Editorial Libros Marcados, 2013), "Salvador de la Plaza" (Biblioteca Biográfica Venezolana de El Nacional y Bancaribe, 2011), "Cine, democracia y melodrama: el país de Román Chalbaud" (Planeta, 2001) y 'Memoria personal del largometraje venezolano' en "Panorama histórico del cine en Venezuela" (Fundación Cinemateca Nacional, 1998), de varios autores. Ver todo mi perfil
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