Lo peor de esta crisis bancaria no es lo que se sabe sino lo se esconde.
Imposible. No existe la inocencia en este terreno. Hugo Chávez quiere ahora deslindarse de quienes le fueron útiles en distintos momentos. Como si no tuviera que ver con la corrupción de los grupos que surgieron bajo su égida. Todos los estratos de esta crisis bancaria que hoy domina los titulares de primera plana se encuentran relacionados. Los diferentes grupos empresariales privados que han florecido al amparo de las necesidades del Gobierno mantienen el denominador común del oportunismo. En la última década ha crecido una nueva oligarquía integrada no sólo por empresarios y banqueros inescrupulosos sino por notorios operadores políticos que se han enriquecido de forma ostentosa. Los nombres de Adán Chávez, Jesse Chacón, Diosdado Cabello y José Vicente Rangel se relacionan directamente con los grupos de Fernández Barruecos y Torres Ciliberto. Esto no es noticia nueva. Desde hace años el Gobierno conocía la situación de estos bancos pero Sudeban callaba. Tampoco son noticia nueva las rupturas internas del chavismo, que enfrentan a Chávez con su hermano, zar de la corrupción en Barinas y fuera de Barinas, y con Cabello, a quien ahora regaña en público. El mismo caudillo habló maravillas de Fernández Barruecos hace algunos años, cuando le era útil. Todos los bancos estatizados han evidenciado pésimos manejos administrativos, es cierto, pero lo que más inquieta es el origen de los fondos que permitieron que esta nueva camada de banqueros adquirieran esas instituciones financieras pagando el doble o el triple de su verdadero valor. ¿Para qué pagar el triple del precio justo? Los fondos para estas operaciones provinieron parcialmente de las arcas del Estado venezolano, pero sobretodo de cierto negocios turbios que necesitan lavar dólares. Antes que sean delatadas las relaciones del régimen con el narcotráfico hay que huir hacia delante y deslindarse de esos grupos mafiosos. Eso se comenta en todas las redacciones de los diarios nacionales, incluido Vea. El caudillo también es cómplice.
Si algún gobierno ha elaborado planes estratégicos es el presidido por el teniente coronel. El primero fue el de 1999, un plan de contingencia destinado a encarar la situación de emergencia que estremecía al país en aquel momento. Sus piedras angulares fueron el Plan Bolívar 2000, el Fondo Único Social (FUS) y el sistema de microfinanzas, en cuyo vértice se encontraba el Banco del Pueblo Soberano y el Banco de la Mujer. El destino del Plan Bolívar 2000 fue tan desastroso que hasta un señor tan complaciente con el Ejecutivo como Clodosvaldo Russián, se vio obligado a declarar que ese laberinto era impenetrable e inauditable. El FUS se vio envuelto en tantas corruptelas que el gobierno decidió no volver a hablar del tema. Los bancos sobreviven deambulando por allí sin que nadie los tome en serio.
El teniente coronel se angustia porque a Manuel Zelaya no lo dejan salir de la embajada de Brasil en Honduras, ni reasumir la presidencia de esa pequeña nación, la verdadera nueva Esparta de comienzos del siglo XXI. Le preocupa la situación económica de la isla tiranizada por los hermanos Castro. Le mortifican las revueltas en Bolivia contra el inepto Evo Morales. Se inquieta por las jornadas de protesta contra Rafael Correa, versión moderna de Tartufo. Se devana los sesos para ver cómo asegura la continuidad en el poder de Daniel Ortega, hasta ahora impune por los delitos perpetrados contra su hijastra (debería toparse con el mismo juez que pescó a Román Polanski). Se alarma porque a Obama la Academia Sueca le concedió el Nóbel de la Paz. Se impacienta por la presión internacional en contra de Ahmadinejad y de Kim Jon Il, dos angelitos que solo pretenden construir la bomba atómica y así asegurar la paz mundial. En fin, se desvela por la suerte de sus socios en todo el planeta. 
A Manuel Zelaya lo desalojaron de la presidencia de Honduras porque violó la Constitución en repetidas oportunidades y, si el país se lo hubiese permitido, la habría seguido violando muchas veces más. El referendo que había convocado -desconociendo el dictamen de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, la Fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral- le habría servido de excusa para modificar la Carta Magna, y con el soporte financiero de Hugo Chávez, habría tratado de eternizarse en el poder, tal como lo está haciendo su mecenas y protector venezolano. En esa oportunidad, a pesar de las advertencias y de los llamados a la recapacitación por parte de las instituciones domésticas, organismos internacionales como la OEA, la ONU y la Unión Europea, se mantuvieron callados. José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, y los cancilleres de Brasil y España, hoy tan activos en la condena al gobierno de Roberto Micheletti, hicieron mutis por el foro. No ejercieron ninguna medida de presión que impidiera que Honduras se convirtiera en un escenario de combates. A esa altura ya se sabía que Zelaya no se saldría con la suya, y que el castigo tendría consecuencias muy graves para el pequeño país centroamericano. 
Hace algunos días un amigo muy cercano me comentaba, en tono de sorna, que en semana y media que el comandante Chávez Frías estuvo fuera del país, los precios del petróleo subieron, una venezolana obtuvo por segundo año consecutivo el Miss Universo (algo nunca visto en la historia del certamen) y la meritoria Vino Tinto se apuntó un importante triunfo ante Perú. Muchas buenas noticias. Pero sobró que el caudillo pisara tierra venezolana y fuera recibido por una escuálida manifestación de seguidores tarifados, para que se desataran las fuerzas del Mal: sobre Caracas se precipitó una lluvia que por poco ahoga a los capitalinos y las capas tectónicas del occidente del país se desplazaron, generando un temblor que recordó el terrorífico terremoto de 1967. Muchas malas noticias y en muy pocas horas. El hombre, además, es pavoso. 
Que el mandamás dictador militar comunista, pise una alfombra roja donde se consagran los buenos actores, al fin y al cabo no es una de tantas contradicciones que se han soportado con demasiada paciencia durante una década, porque dependiendo del traje y de la estudiada mímica, pero directamente de la oportunidad específica, el interesado puede lucir angelito de los dioses, gerente socialista del siglo veintiuno, llanerazo gentil o gorila tropical de los bananeros, en fin, todo un candidato posible a ganador del premio Oscar para la excelencia en representar lo macabro de una realidad ensangrentada que luce paradisíaca ficción. 
Padecemos un presidente que ha violado continuamente la Constitución Nacional que él mismo impulsó en 1999. Un presidente que ha desconocido la voluntad popular expresada el 2 de diciembre de 2007 y ha ido imponiendo con la complicidad de la Asamblea Nacional la reforma constitucional que fue rechazada en aquella fecha. Que quiere imponer el socialismo que no sólo ha fracasado en el mundo sino que no es aceptado por el pueblo venezolano. Que ha atentado contra los derechos humanos de miles de venezolanos. Que ha convertido en presos políticos a sus oponentes con la alcahuetería de un sistema de justicia secuestrado. Que ha dilapidado miles de millones de dólares en la consolidación de su proyecto personal en los ámbitos continental y extracontinental, mientras los hospitales venezolanos carecen de los recursos mínimos para su funcionamiento. Que pretende imponer una educación manipuladora e ideologizadora. Que se propone acabar con la propiedad privada para sustituirla por el eufemismo estatista de la propiedad social. Que promueve acciones jurídicas contra la libertad de expresión y ordena cerrar emisoras de televisión y radio. Un presidente que permite el auge de la corrupción en todos los niveles, incluso en su eu entorno familiar. Que ha sometido el país a lo que queda de la revolución cubana. Que ha destruido el aparato productivo venezolano. En fin, un presidente así está fuera de la ley. Su ejercicio es ilegítimo. Ergo, Hugo Chávez no debe ocupar más ese cargo porque ha violentado la Constitución Nacional. Dicho de otra forma, a los venezolanos nos asiste el derecho de pedir su renuncia. Un amplio movimiento social, consciente de sus derechos, en todo el país y en todas las clases sociales, puede pedir la renuncia de un presidente que se ubica al margen de la ley. ¿Por qué no? Esto no quiere decir que Hugo Chávez vaya a renunciar, desde luego, pero de todas maneras hay que pedirle que renuncie y que quede constancia de esta petición. Algún día servirá para algo más trascendente.
Podría entenderse que a Chávez Frías le cueste convivir con los gobernadores y alcaldes de oposición. Estas son autoridades electas con el voto popular. Poseen la misma fuente de legitimidad del primer mandatario. Además, son adversarios, o mejor dicho, enemigos, de acuerdo con el talante autoritario del caudillo. Al contrincante ninguna oportunidad que le permita lucirse, o simplemente destacarse sobre la medianía. La descentralización y la democracia sirven para alardear y encandilar a algunos cuantos jefes de Estado y cancilleres extranjeros, pero no son para practicarlas con quienes debe competirse en las urnas electorales. Lo que cuesta entender un poco más es por qué el comandante les serrucha las patas a sus aliados, a esas mentes de inteligencia modesta que se encuentran en la Asamblea Nacional, y cuyo trabajo consiste, precisamente, en legislar, y, desde su perspectiva, construir el andamiaje legislativo que garantice la demolición de las “estructuras del Estado burgués” y la creación de las “nuevas estructuras del Estado proletario”, según las rancias expresiones del marxismo más ortodoxo y obtuso. 
1.- El día 28 de junio del 2009 tuvo lugar en Honduras un golpe de Estado en contra del gobierno presidido por Manuel Zelaya Rosales. Ejercicio inútil será demostrar que el golpe de Estado que llevó al poder a Roberto Micheletti no fue golpe de Estado. Si un Presidente es asaltado en su propia casa por un comando militar, amenazado de muerte, hecho prisionero, y enviado en un avión a otra nación, y luego se afirma por los defensores del acto que ese no fue un golpe de Estado, quiere decir simplemente que nunca ha habido un golpe de Estado, ni en Honduras ni en ninguna otra parte. Los argumentos que niegan la existencia del golpe de Estado afirman que lo ocurrido fue una respuesta a las violaciones constitucionales cometidas por Zelaya. Aparte de que esa es una condición atenuante del hecho, no niega al hecho, de la misma manera que quien mata para salvar su vida no puede afirmar que el muerto está vivo. Por lo demás no hay ninguna relación automática entre violación constitucional y un golpe de Estado. Lo uno no lleva —ni jurídica ni políticamente— a lo otro. Mucho menos lleva a sacar a relucir el principio del derecho a rebelión. La filosofía política consagra efectivamente el derecho a rebelión como un derecho de los pueblos, pero no del ejército. La historia está llena de ejemplos de pueblos que se han levantado, incluso en armas, en contra de tiranías, levantamientos que han obligado al Ejército, o a una parte del Ejército, a ponerse al lado de la insurgencia popular. En estos casos el pueblo ha hecho uso de su soberanía. Ahí reside el legítimo derecho a la rebelión. No fue el caso de Honduras. El golpe fue el resultado de una conjura que tuvo lugar entre gallos y medianoche, conjura que no puede recabar para sí —a menos que lo enredemos todo— la calidad de una insurrección popular. Las buenas causas —en este caso, denunciar las arbitrariedades de Zelaya— no pueden ser defendidas con interpretaciones forzadas. 
Son muchos los hechos que tienen desequilibrado al teniente coronel Chávez Frías. Sólo mencionaré algunos que me parecen fundamentales: la pérdida de popularidad debido a su bochornosa ineficacia y al derroche de los dineros públicos en actividades que no se relacionan con el bienestar de los venezolanos (la regaladera a Cuba, Bolivia, el clan Kirchner, el pedófilo de Nicaragua); el resonante triunfo de Antonio Ledezma a través de esa operación relámpago que fue su huelga de hambre; el fracaso de su intromisión en Honduras, pequeño y pobre país que está dando una lección de dignidad frente a los petrodólares del caudillo venezolano; la incapacidad de entusiasmar a sus bases naturales, los grupos más pobres, con ese bodrio intragable que es la Ley de propiedad social; la inflación real (no la maquillada por el BCV) que no cesa de maltratarles la vida a los venezolanos; el desempleo, que hasta el INE ha tenido que admitir que ha subido como la espuma; la inseguridad personal, que cada hora le arrebata la vida a un venezolano; la imposibilidad de que repunten los precios del petróleo al ritmo que alcanzaron hace dos años. 
El teniente coronel, su ministro de Planificación, profesor Jorge Giordani, y el resto del equipo económico del Gobierno, contraviniendo todas las enseñanzas de la historia del colectivismo, siguen apostando al crecimiento sostenido y sustentable de la economía dentro del esquema que ellos denominan socialismo del siglo XXI. La justificación ideológica y moral del modelo se nutre del “humanismo marxista” por dos vertientes. De un lado, la igualdad del hombre, la supresión de la explotación, la eliminación del trabajo enajenado, la pulverización del valor de cambio y, así por el estilo, la crítica de todos los factores que, según esa visión pretendidamente misericordiosa, convierten el trabajo en sumisión y esclavitud. Del otro lado encontramos la exaltación de esos valores morales que tanto y tan hipócritamente enfatizó el Che Guevara: la emulación socialista, el trabajo voluntario, la búsqueda del bienestar colectivo, en vez de la riqueza y el beneficio personales. El joven Marx (de los Manuscritos Económicos y Filosóficos) y el despelucado guerrillero inspiran las beatíficas propuestas de los burócratas más ingenuos del régimen. 
Hasta las vísperas mismas de su desenlace, la brevedad ha sido la única virtud de la campaña electoral argentina, dado que el peronismo gobernante adelantó los comicios. La opereta del armado de las listas, las peleas entre el candidato a diputado oficialista Néstor Kirchner y el vicepresidente Julio Cobos, las impugnaciones judiciales, la guerra de encuestas, la infinita publicidad de Francisco de Narváez y hasta un aspirante a diputado tras las rejas constituyeron un espectáculo penoso. Volvió así a confirmarse el escepticismo de generaciones ante el sentido de su voto, la urgencia de una reforma política que devuelva la fuerza original a los partidos tradicionales y el papel inagotable del cesarismo en las naciones jóvenes como la Argentina 
El ritmo acelerado tomado por la revolución bolivariana plantea un tema para un debate crucial en el país: cómo caracterizar el régimen liderado por el teniente coronel en esta Tercera Fase, según su propia expresión. Unos dicen que estamos en presencia de una forma particular del capitalismo de Estado, cuyos matices propios los traza el hecho de que somos un país petrolero. Entonces, estaríamos en presencia de un género al que podría llamarse Capitalismo de Estado Petrolero. Otros señalan que en Venezuela avanza a galope tendido hacia el comunismo estilo cubano. Me inclino por esta última opción. No considero acertado llamar a este engendro “capitalismo de Estado”, y políticamente creo que es un error hacerlo, pues no hace más que confundir a una población que necesita que se le hable con total claridad. 
El nombramiento de Jacqueline Faría como Jefa del Gobierno del Distrito Capital representa un paso más en el camino a imponer la recentralización a juro y desconocer la voluntad popular. Esta decisión arbitraria, ilegítima, inconstitucional e impopular, tiene otros agravantes que la hacen aún más repugnante: fue a una mujer a quien el teniente coronel designó como autoridad espuria. Ni siquiera nombró a un dirigente del PSUV para que perpetrara la violación de la Carta Magna y la traición a los casi ochocientos mil caraqueños que votaron el 23-N por Antonio Ledezma, único mandatario con legitimidad y representatividad. Creo haber superado en gran medida los prejuicios machistas que gravitan sobre la conciencia de los venezolanos, sin embargo, no me parece casual que el nombramiento de la ahora vicepresidenta del PSUV y presidenta de Movilnet haya sido obra del azar o de sus méritos gerenciales, reconocidos cuando ejerció la presidencia de Hidrocapital. En esa jugada aprecio un cálculo mefistofélico: a Ledezma le resulta más complicado encarar sin piedad a una dama que a un dirigente, digamos, como Diosdado Cabello. Los valores que se sedimentan en el alma colectiva se petrifican, y el valor de la feminidad más que cualquier otro. A las mujeres ni con el pétalo de una rosa. Creo que por las mismas razones escogieron a la jueza Marjorie Calderón para que dictara la que constituye la sentencia más aberrante de cuantas han dictado los tribunales del horror chavista: condenar a 30 años de prisión a los comisarios Forero, Simonovis y Vivas, y a los policías metropolitanos. Al igual que los asesinos de las FARC utilizan a sus rehenes como escudos humanos, el teniente coronel se vale de mujeres para tratar de reducir el costo político de los abusos que comete. Por supuesto que me muevo en el campo de las conjeturas. No hay manera de demostrar esta hipótesis, pero, tratándose de un sujeto que no da puntada sin dedal, no creo que sea casual que en las dos decisiones más polémicas y abominables adoptadas recientemente, estén envueltas manos femeninas. 
Los movimientos femeninos luchan desde hace décadas en el mundo entero —Venezuela no ha sido la excepción— para que más mujeres sean incorporadas en los cargos públicos y privados que implican toma de decisiones Y para que siempre haya más mujeres en los órganos de representación popular y en la dirección de los partidos políticos. Nunca antes hubo en Venezuela un presidente que mostrara mayor inclinación a colocar a mujeres en los puestos más importantes de la vida pública. Hugo Chávez, quien se ha caracterizado por privilegiar la presencia de militares en casi todas las áreas de la administración pública (salvo en el Ministerio de la Cultura donde ha designado a un veterinario) ha decidido sin embargo que sean mujeres las que lleven las riendas de las instituciones que en cualquier otro país serían pilares de la democracia constitucional. 
Se lee con interés el inteligente artículo publicado por Jorge Castañeda. Es un buen conocedor de la situación de la Isla y de los intríngulis de muchos de sus dirigentes; eso bastaba para reflexionar sobre lo que ha escrito. Este hombre ha tenido la honestidad de advertir que se limita a hacer una especulación a partir de premisas que la harían conducente. Y es en ese punto que me permito discrepar. Formularé ocho claves que espero ayuden a ponderar todos los factores en juego y no sólo las intrigas o el temperamento de los líderes, que, por supuesto, no pueden ser desdeñados. 
