Efrén Rodríguez Toro ¿QUÉ ES EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI? (III)

Al cumplirse dos meses de la expulsión de José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Wacht (HRW), por parte del Gobierno de Venezuela o, mejor dicho, por orden expresa del teniente coronel Hugo Chávez, con motivo de la presentación del informe Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela, la destrucción institucional del país que vio nacer a don Andrés Bello sigue su curso. En apenas sesenta días, desde la expulsión de Vivanco, de nacionalidad chilena, y de su colega, el estadounidense Daniel Wilkinson, Hugo Chávez ha amenazado con meter en la cárcel a dirigentes de la oposición, enviar tanques de guerra a zonas donde resulte derrotado su partido en las próximas elecciones regionales y municipales o escamotear recursos financieros de gobernaciones y alcaldías de acuerdo a su particular y único criterio. Sin embargo, a pesar de la gravedad de éstas amenazas, conviene no olvidar las razones por las cuales fueron expulsados los directivos de HRW.

En un país que ha perdido la capacidad de asombro y en el que un escándalo se olvida pronto dada la magnitud del siguiente, el informe de HRW no debería pasar desapercibido por quienes honestamente defienden los derechos humanos en el mundo entero y ante gobiernos de cualquier signo ideológico.

En un apretado resumen, de las doscientos sesenta y siete páginas del mencionado informe, podemos encontrar realidades como las siguientes:

1. El Gobierno de Venezuela ha debilitado el derecho de los trabajadores de afiliarse libremente al sindicato de su preferencia, mientras que favorece a nuevos sindicatos alineados con el oficialismo.

2. El Gobierno de Venezuela ha fortalecido la capacidad del Estado para restringir la libertad de prensa y ha creado fuertes incentivos para la autocensura.

3. El Gobierno de Venezuela ha ampliado el alcance de las leyes de desacato, las cuales castigan opiniones sobre funcionarios públicos consideradas como irrespetuosas y ha endurecido las penas por calumnias e injurias.

4. El Gobierno de Venezuela ha limitado el acceso público a información oficial.

5. El Gobierno de Venezuela ha sometido a defensores de derechos humanos a investigaciones penales con acusaciones infundadas o exageradas.

6. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, entre 2000 y 2007 fueron investigados por presuntas violaciones de derechos humanos 6.300 oficiales de la policía, en tanto las autoridades han presentado cargos contra 1.500. Sin embargo, en 2007, sólo 204, o apenas el 13% de los oficiales imputados, habían sido condenados.

7. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas registró en 2007 más de 13.000 homicidios en un país con 27.000.000 de habitantes.

8. En la última década se han registrado un promedio de 300 muertes al año en las prisiones, según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. En 2007 las muertes violentas fueron 498 y las lesiones 1.023. El Gobierno de Venezuela no facilita cifras sobre muertes en prisiones.

Con la poca originalidad que caracteriza al Gobierno de Venezuela, resultará inevitable la andanada de insultos que recibirá este y cualquier otro informe crítico sobre la gestión del teniente coronel Chávez. Epítetos como “Pitiyanquis” o “Agentes de la CIA” forman parte del escaso vocabulario del oficialismo.

No obstante, conviene recordar que las actuaciones de HRW frente al Gobierno de Álvaro Uribe (por el proceso de inserción de los paramilitares) o la Administración de George W. Bush (por la gestión de Guantánamo) hablan del alto nivel de profesionalismo y del compromiso democrático de la mencionada organización. En el caso de Venezuela, la expulsión «manu militari» de Vivanco y Wilkinson se ha convertido en la mejor carta de presentación para leer íntegramente “Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”.

Tristemente, el socialismo del siglo XXI, ideado en el país de nacimiento del creador de Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos y redactor, entre muchos textos legislativos, del Código Civil de la República de Chile, significa, entre otras cosas, destrucción institucional.