Una educación de calidad es el principal bien público para fomentar la igualdad de oportunidades y combatir la pobreza. La educación, sea ésta de gestión oficial, privada o mixta, puede ser definida como tal porque responde al interés general de los ciudadanos y porque, al menos teóricamente, todos podemos beneficiarnos de ella. Sin embargo, entre las diferentes caracterizaciones de bien público formuladas por la literatura económica, la educación es un bien público de naturaleza impura. El economista español Juan Carlos Martínez Coll nos lo explica de la siguiente manera: «En principio, el hecho de que asista un alumno más a las clases en nuestra Facultad no provoca que la cantidad de educación percibida por los demás disminuya (…), pero lo que es cierto para un sólo individuo no se cumple para un número más elevado; una Universidad masificada y una clase abarrotada implican una disminución evidente de la calidad de la enseñanza».
Por otra parte, explica Martínez Coll, «hay algunos bienes cuyo suministro no varía por el hecho de que una o muchas personas los estén consumiendo; por ejemplo, las emisiones de TV por ondas aéreas: sea cual sea la cantidad de receptores que tengan sintonizada una emisora, cualquier otro podrá sintonizarla también sin que haya ninguna pérdida de calidad». En este caso, hablaríamos de un bien público de naturaleza pura.
Dicho esto, convendría señalar que la actual «discusión» de la Ley Orgánica de Educación de Venezuela, planteada por la actual Asamblea Nacional, pareciera importarle muy poco este tipo de consideraciones, ya que su objetivo fundamental es el de «construir al hombre nuevo de la revolución bolivariana», según los dictados del Presidente de la República y bajo la amenaza permanente de estatizar todo el sistema educativo. La educación vista como un bien de titularidad pública, que no es lo mismo ni se escribe igual.
Reconozco que es mucho pedir, pero los legisladores venezolanos deberían solicitar al Ministerio de Educación los resultados de la segunda medición del Sistema Nacional de Medición y Evaluación del Aprendizaje (Sinea) realizada en 2003 (el secreto mejor guardado de la administración Chávez), además de revisar el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sí. Ese que habla de una educación fundamentada en todas las corrientes de pensamiento.
De igual forma, deberían consultar los estudios del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas (CICE) que han confirmado lo que viene siendo una contundente realidad desde hace varias décadas: «que las escuelas oficiales tienen unos resultados muy inferiores a las privadas» y que este «no es un problema exclusivo del Estado ni del gobierno sino un asunto social que debe preocupar y ocupar a toda la sociedad».
Los resultados de la primera medición del Sinea, bajo la administración del Presidente Caldera, no fueron nada alentadores: 36% de los estudiantes de tercer grado no superaron los requisitos mínimos en el área de Lengua, 40% de los estudiantes de noveno grado no logró llegar al mínimo exigido y sólo 9% alcanzó una puntuación satisfactoria. Por su parte, en el área de Matemáticas, el panorama fue mucho más sombrío: 54% de los estudiantes de noveno grado fue reprobado, el 2,9% logró una puntuación elevada y 34,7% de los estudiantes de sexto grado mostró un pobre desempeño.
¿Cuál será el temor de mostrar los resultados de la segunda medición? ¿Corroborar que la educación venezolana es un auténtico fraude? ¿Quedar en evidencia después de varios años en el gobierno? ¿No poder echarle la culpa a nadie? Mejorar la calidad de la educación requiere de un sistemático proceso de medición, unos estándares que permitan comparar la evolución de las políticas educativas y, sobre todo, un talante democrático que facilite administrar las diferencias con razonable flexibilidad.
La actual y confusa discusión de la Ley Orgánica de Educación es una trampa mortal para el futuro de nuestro país. El Partido Socialista Unido de Venezuela, sinónimo de Estado y Gobierno, pretende desagregar su contenido en cuatro leyes especiales: Educación Básica, Educación Superior, Ejercicio de la Profesión Docente y Formación Docente, desconociendo el consenso democrático que se logró en la primera discusión del Proyecto de Ley presentado en 2001.
Son muchos los problemas que hoy en día afectan a los venezolanos, pero si hay uno que merece especial atención es, sin duda, el problema educativo. Aquí nos jugamos el futuro: «Venezuela, democracia y vida» o «Patria, socialismo o muerte».
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Ideas de Babel 
Señor Rodriguez:
Quiero decirle que es primera vez que sé de usted, encontré esta columna por casulidad pues necesitaba enviar un correo de alerta a mis amigos Venezolanos y le digo que no me arrepiento. Lástima que comentarios como el suyo no sean difundidos a gran escala(hasta cuando dure la poca libertad de prensa y expresión) dentro de ese país hermano. Soy un Colombiano cuyo deseo ferviente es el de ver a una Venezuela libre del monstruo sociópata que hoy los gobierna y por ende estar tranquilo que ese expansionismo orático no entre a mi Colombia donde apátridas,oportunistas y ansiosos(as) por sacar provecho de la regaladera están listos para apoyarlo. Lo felicito sinceramente.