Trino Márquez LA PROPIEDAD PRIVADA SÍ ES SAGRADA

La propiedad privada, al contrario de lo que dice Diosdado Cabello, es tan sagrada que la mayoría de los venezolanos, y con especial rigor los más pobres, estamos padeciendo los letales efectos de su continua profanación por parte del gobierno, empeñado en imponer el socialismo del siglo XXI, o,  con mayor precisión, el cubanismo del siglo XXI. La inflación en el rubro alimenticio y la escasez cada vez más acentuada de alimentos de la dieta básica, reflejan el deterioro constante de la producción agrícola, retroceso que no ha podido ser maquillado, como en el pasado reciente, mediante su masiva importación, por la sencilla razón de que el gobierno ya no dispone de la inmensa cantidad de divisas recibidas durante el lapso comprendido entre 2004 y 2008. La merma de la producción petrolera ha ido vaciando las, hasta hace poco, gigantescas alforjas del régimen. El retroceso de la producción agrícola y agropecuaria es un síntoma de la drástica disminución de la inversión privada en el campo. Los grandes, medianos y pequeños productores, se sienten amenazados por los caprichos y el fanatismo paranoide de un gobierno que por todos lados ve explotación y lucha de clases.

¿Qué significa que la propiedad privada es sagrada? Quiere decir que dentro de un ambiente institucional donde prevalece el Estado de Derecho y se reconoce la importancia fundamental de los derechos de propiedad, estos no pueden ser vulnerados por ninguna autoridad, cualquiera sea su rango, de forma arbitraria. El respeto a la propiedad privada constituye uno de los instrumentos más poderosos para fijarle límites a la acción caprichosa del Estado y para fomentar la riqueza por parte de los ciudadanos. La Constitución del 99 establece procedimientos precisos en los cuales, por causa de utilidad pública, el Estado puede expropiar o confiscar determinados bienes. En casos excepcionales puede entenderse que los intereses nacionales o de una colectividad adquieran prioridad frente a los de un propietario particular. Tal circunstancia puede darse ante la necesidad deconstruir un metro o un ferrocarril, o autopistas, represas, carreteras, aeropuertos u hospitales, destinados a beneficiar a millones o a miles de personas. Pero esto es muy distinto a lo que está ocurriendo en Venezuela, donde estamos en presencia de abuso de poder, jaquetonería y  despojo, vicios que nada tienen que ver con el uso de la legalidad para favorecer los intereses de grandes mayorías.

Cada atropello a la Polar, a los padres de Valentina e Inés Quintero, a Franklin Brito, a Diego Arria, a Eduardo Gómez Sigala o cualquiera de los miles de pequeños, medianos y grandes productores agrícolas, o de pequeños, medianos y grandes industriales o comerciantes, es una iniquidad que genera incertidumbre y desconfianza, y ahuyenta a los inversionistas domésticos o extranjeros que cuidan con celo el patrimonio que poseen.

La agresión a los derechos de propiedad sin duda que lesiona a los grandes empresarios, pero, no son precisamente estos los más perjudicados. El desafuero afecta con particular virulencia al campesino, al trabajador informal, al obrero, al empleado. El andamiaje legal construido por el régimen circunscribe la propiedad solo a su uso, goce y disfrute, excluyendo la disposición, nuez del derecho de propiedad en todos los países prósperos del mundo. Por esa vía, como dice Teodoro Petkoff, los campesinos se han convertido en pisatarios a los que se les entrega una “Carta Agraria”; los residentes de inmuebles construidos o financiados por el gobierno, en adjudicatarios; y hasta los regentes de los puestos en los mercados del municipio Libertador, en simples expendedores, pues ahora esos establecimientos dependen del Ayuntamiento. Ninguno de esos ciudadanos puede disponer del bien que posee para venderlo, hipotecarlo, utilizarlo como aval de un crédito o dejarlo en herencia a sus descendientes. La propiedad se evaporó.

Este gobierno, en su absurdo afán por reescribir la historia desde que se inventó la rueda en adelante, niega las evidencias históricas que  demuestran  que en la protección y preservación de los derechos de propiedad, se encuentra una de las claves para entender por qué unos países son desarrollados y otros atrasados; por qué unas sociedades son ricas y otras pobres; y  por qué unas naciones crecen con equilibrio y equidad, mientras otras se hunden en la miseria y la desigualdad.

Contra Venezuela se está cometiendo un pecado cuyas consecuencias apenas estamos comenzando a ver.

PD: El fallo del TSJ que declaró inadmisible el recurso de casación introducido por la defensa de los comisarios Forero, Simonovis y Vivas, y que, por lo tanto, los inhabilita para ser candidatos a la Asamblea Nacional, demuestra de nuevo el talante totalitario del régimen chavista y la subordinación incondicional del Poder Judicial a los dictámenes del teniente coronel. Los diputados democráticos deberán tener como prioridad de la nueva legislatura, la introducción y aprobación de una ley de amnistía que rescate a los comisarios y demás presos políticos de las ergástulas donde los mantiene confinados el amo del poder.

         @tmarquezc

Acerca de Alfonso Molina

Alfonso Molina. Venezolano, periodista, publicista y crítico de cine. Fundador de Ideas de Babel. Miembro de Liderazgo y Visión. Ha publicado "2002, el año que vivimos en las calles". Conversaciones con Carlos Ortega (Editorial Libros Marcados, 2013), "Salvador de la Plaza" (Biblioteca Biográfica Venezolana de El Nacional y Bancaribe, 2011), "Cine, democracia y melodrama: el país de Román Chalbaud" (Planeta, 2001) y 'Memoria personal del largometraje venezolano' en "Panorama histórico del cine en Venezuela" (Fundación Cinemateca Nacional, 1998), de varios autores. Ver todo mi perfil
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