Trino Márquez EL SAINETE EXPROPIADOR

El teniente coronel, tan dado a la demagogia y al populismo más ramplón, decidió atacar el problema de los supuestos ilícitos de los constructores con el peor de los métodos, ese que consiste en matar al paciente. La industria de la construcción se tornó extremadamente compleja desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia. Los constructores privados, por los arraigados prejuicios de los comunistas, han sido tratados como criminales en potencia. Ya desde la famosa ley habiltante de 2001, desencadenante de los sucesos que culminaron con los episodios de abril de 2002, el comandante se las dio por atacar a los constructores privados. Luego vinieron la estatización de Cemex, la reestatización de Sidor y la expropiación, en días recientes, de Sidetur, con el nada oculto propósito de controlar la columna central de la construcción de inmuebles: el cemento y la producción de acero y cabillas. A estas medidas hay que agregar la eliminación del IPC que disminuyó el atractivo de la construcción de complejos habitacionales.

Las tensiones permanentes que el régimen mantiene con el sector privado han llevado a que durante la docena de años que Chávez tiene en el poder, haya sido el período en el cual menos viviendas se han construido y el déficit habitacional —medido por el hacinamiento, las viviendas en malestado y las construidas en lugares precarios— más ha aumentado. Esa carencia ronda los dos millones de unidades. Esta cifra se incrementa a un ritmo cercano al crecimiento vegetativo de la población; esto es, alrededor de 2% por año. Es decir, que dentro de apenas diez años el déficit puede andar por el orden de las 2 millones 400 mil viviendas. Un problema de estas magnitudes no puede resolverse peleando todo el tiempo con la gente que se dedica al exigente oficio de levantar casas y edificios residenciales. Este segmento de la población tiene que lidiar con los bancos que realizan los avalúos y desembolsan el dinero de los préstamos, con los numerosos organismos oficiales (nacionales, estatales y municipales) que conceden los permisos de habitabilidad, con la mano de obra y los sindicatos que no siempre entienden las exigencias de la construcción y la atmósfera pesada en la que ella opera. Construir está muy lejos de ser una actividad cómoda, sencilla y placentera, no importa cuán gratificante sea el resultado final.

La decisión de expropiar las urbanizadoras forma parte de los sainetes que el gobierno monta con el fin de atemorizar a los inversionistas y ganarse el aplauso de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Esa algarabía es pan para hoy y hambre para mañana. Funciona con la misma lógica de los controles de precio y de cambio: satisface el impulso inicial de los desesperados que se quejan del comportamiento de los precios y exigen la intervención del Estado para regular, pero en el mediano plazo provocan más inflación, mayor escasez y peor calidad de los productos que se ofrecen. El remedio resulta mucho más dañino que la enfermedad. Este será el efecto de las nuevas agresiones a los urbanizadores.

En un país tan descompuesto en el orden moral y material como es laVenezuela chavista, no resulta extraño conseguir empresarios inmorales que se aprovechan de la necesidad e ingenuidad de la gente para abusar de ella. Si tales injusticias se cometen y se comprueban existen mecanismos para castigarlas. El artículo 114 de la Constitución señala que “el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”.

Ahora bien, nadie sabe cuáles son los delitos que se les están imputando a esas urbanizadoras. La decisión de atacarlas obedece más a un capricho, a la intención de demostrar que Chávez sigue teniendo el poder absoluto —a pesar de la derrota sufrida el 26-S— y al objetivo de sembrar terror, que al propósito de introducir orden y racionalidad en un grupo que supuestamente actúa en contra de los intereses de la clase media. Si los constructores en cuestión hubiesen cometido alguna irregularidad, lo más conveniente habría sido aplicarles una penalidad ejemplarizante, que sirviera de modelo disuasivo para los demás empresarios, pero que no cercenara la iniciativa privada. Se les podría haber castigado con una severa multa (por cierto, si por cometer infracciones al gobierno se le cobraran multas, estaría arruinado). Pero la seriedad está reñida con este gobierno de quinta. En adelante si un empresario lo pensaba diez veces para acometer la edificación de un complejo residencial, ahora lo pensará mil, y, probablemente no lo hará. Muchas gracias, comandante Presidente, por su valioso aporte.

@tamrquezc

Anuncios

Acerca de Alfonso Molina

Alfonso Molina. Venezolano, periodista, publicista y crítico de cine. Fundador de Ideas de Babel. Miembro de Liderazgo y Visión. Ha publicado "2002, el año que vivimos en las calles". Conversaciones con Carlos Ortega (Editorial Libros Marcados, 2013), "Salvador de la Plaza" (Biblioteca Biográfica Venezolana de El Nacional y Bancaribe, 2011), "Cine, democracia y melodrama: el país de Román Chalbaud" (Planeta, 2001) y 'Memoria personal del largometraje venezolano' en "Panorama histórico del cine en Venezuela" (Fundación Cinemateca Nacional, 1998), de varios autores. Ver todo mi perfil
Esta entrada fue publicada en 1 y etiquetada , , , . Guarda el enlace permanente.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s