Trino Márquez EL HACHA DE GUERRA DEL CAUDILLO

Las amenazas del teniente coronel a Pedro Rodríguez, Presidente del Banco Provincial, representa uno de los episodios más bochornosos de los que tengo memoria en estos doce años de infamia. Fue una agresión cobarde contra todos los empresarios del país. Fue un acto criminal porque pone en peligro la estabilidad del sistema financiero y ahuyenta la posibilidad de que los empresarios extranjeros inviertan en un lugar donde el Presidente de la República —en cadena nacional— somete al escarnio público a la máxima autoridad de uno de los bancos más importantes de la nación. Me sentí viviendo en una comarca medieval, donde el señor feudal es dueño de la vida y destino de los siervos de la gleba. “Tenga cuidado por que yo le compro, yo le expropio, yo le quito”. Yo, yo y más yo. ¿Quién le dijo a ese funcionario público, el primero de la República, por cierto, que puede hacer con el dinero de los venezolanos lo que se le antoja?

El mensaje fue claro: no importa que la oposición cuente con 67 diputados en la Asamblea Nacional, el autócrata no le rinde cuentas a nadie, ni se detiene ante nada; la bancada opositora podrá interpelar a los ministros del gabinete, pero el jefe máximo sigue avanzando en la destrucción de la economía de mercado y en la construcción del comunismo, sin importarle  la mayoría que adversa su proyecto.

En la misma cadena, Chávez ratificó que la Ley Habilitante durará dieciocho meses. Adiós el diálogo. Luego de la breve pausa que hubo con su memoria y cuentos, de nuevo se dividieron las aguas. Otra vez Venezuela se fracturó entre bandos enemigos e irreconciliables.

Las encuestas, de las que Chávez es esclavo, deben de estarle indicando que el llamado a dialogar lo perjudica, pues crea una atmósfera distendida proclive al salto hacia posiciones más conciliadoras de quienes, en su campo, se sienten cansados de tanta tensión. La concertación debilita su imagen de líder aguerrido e intransigente; de caporal que maneja a sus huestes  y a la nación a capricho.

De todas maneras no está demás que los diputados opositores y la Mesa de la Unidad Democrática insistan en que el primer mandatario está obligado  garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho en materia de propiedad y libertades económicas, quebrantado por prácticas contrarias a la ley y por instrumentos jurídicos que pretenden darle visos de legalidad a una serie de atropellos colocados al margen y en contra de la Carta Magna.

Chávez tiene que cumplir con lo que dice la Constitución en el artículo 112 (“todas las  personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución” y  “el Estado promoverá la iniciativa privada”) y con lo establecido en el artículo 115 (“se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”).

El paquete de leyes aprobadas en diciembre de 2010 violan esos principios. Son las leyes que conforman el llamado Poder Popular y conforman el Estado Comunal (que no aparece en la Constitución): la LO del Poder Popular, la LO de Planificación Pública y Popular, la LO de las Comunas, la LO del Sistema Económico Comunal y la LO de Contraloría Social.

En todas ellas se insiste en implantar el “modelo socialista”, totalmente ajeno al régimen económico y social esbozado en la Carta Fundamental, al tiempo que la propiedad privada, en los términos consagrados allí, queda sepultada siendo sustituida en la práctica por nociones tan difusas como propiedad comunal, propiedad  colectiva, propiedad social o propiedad pública. La “disposición de los bienes”, atributo esencial de la propiedad privada, fue abolida.

Las expropiaciones, confiscaciones, apropiaciones indebidas, tomas de fincas y tierras productivas, invasiones de inmuebles, estatizaciones y nacionalizaciones forzosas, se han agudizado desde el 26-S. Esta política, que ha perjudicado a miles de empresas, además  de aplastar la Constitución, ha empobrecido al país.

Aunque Chávez no oiga, la oposición debe exigir la paralización inmediata de esas prácticas ruinosas y la modificación del esquema legislativo que ha convertido a Venezuela en una de las naciones con menos libertad económica del mundo y peor atmósfera para el desarrollo de negocios.

El otro aspecto importante es el respeto a las organizaciones gremiales y a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de propiedad, la libre iniciativa y la libertad como valor supremo del ser humano. A estas organizaciones independientes y autónomas, se les infringen sus derechos, y sus dirigentes y voceros son hostigados y agredidos continuamente por el Gobierno..

El comandante sacó otra vez el hacha  de la guerra con el fin de crear el ambiente que impida las elecciones de 2012. Hay que dejarlo solo en su delirio. Los demócratas vamos a discutir sobre un proyecto que unifique a los venezolanos en torno a objetivos que conduzcan a la prosperidad con equidad social. Dentro de dos años lo derrotaremos.

@tmarquezc

Acerca de Alfonso Molina

Alfonso Molina. Venezolano, periodista, publicista y crítico de cine. Fundador de Ideas de Babel. Miembro de Liderazgo y Visión. Ha publicado "2002, el año que vivimos en las calles". Conversaciones con Carlos Ortega (Editorial Libros Marcados, 2013), "Salvador de la Plaza" (Biblioteca Biográfica Venezolana de El Nacional y Bancaribe, 2011), "Cine, democracia y melodrama: el país de Román Chalbaud" (Planeta, 2001) y 'Memoria personal del largometraje venezolano' en "Panorama histórico del cine en Venezuela" (Fundación Cinemateca Nacional, 1998), de varios autores. Ver todo mi perfil
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