Trino Márquez DOS DISPAROS A QUEMARROPA

El desconocimiento por parte del Gobierno del dictamen de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el que se restablecen plenamente los derechos políticos de Leopoldo López y la multa desproporcionada, injustificada e inconstitucional aplicada por Hugo Chávez, a través de Conatel, a Globovisión, son dos disparos a quemarropa contra la oposición y el proceso electoral de 2012.

La decisión de la Sala Constitucional del TSJ fue formulada en términos tan ambiguos como los expresados por Aura Estella Morales, ex profeso. La Presidenta del organismo se asesoró con Cantinflas. Queda demostrada una vez más la subordinación del Poder Judicial (y la Contraloría) a Chávez. El teniente coronel ya lo había advertido: al acuerdo de la CIDH le hacía menos caso que a su corte de pelo. La orden de desconocer el fallo había salido de Miraflores, pero era necesario maquillarla y, sobre todo, formularla de modo lo suficientemente ambivalente con el fin de enredar a la MUD.

A los doctores del TSJ solo les falto decir que si López gana las elecciones de octubre de 2012 habrá que nombrarle un regente, tutor que en la Corte Española se le nombraba al sucesor de la Corona cuando era menor de edad o estaba incapacitado por alguna razón física para ejercer el cargo. En Venezuela la figura del Regente no existe, por lo tanto, si López llegase a obtener el triunfo no podría ejercer la Presidencia, pues esta responsabilidad combina aspectos de naturaleza política y componentes de carácter administrativo. El Presidente es, nada más ni nada menos, que el jefe de la Hacienda Pública Nacional. La mefistofélica medida le entierra un puñal al exalcalde, pero no hasta la empuñadura, sino hasta la mitad de la hoja. Suficiente para crear desconcierto, confusión y desesperanza en la oposición. Pero, la MUD no pisó el peine.

López respondió correctamente: mantuvo su opción candidatural. Ya veremos cómo reacciona ese abyecto Poder Judicial en el caso de que el dirigente de Voluntad Popular gane por una apreciable mayoría en 2012. ¿Se atreverá a desafiar al pueblo soberano? ¿Desatará un conflicto de poderes entre el TSJ y los ciudadanos votantes? Lo dudo. Ahora los magistrados son valientes porque creen que Chávez encarna la mayoría. Si se les demuestra lo contrario girarán hacia el nuevo centro de poder. No tengo dudas. Los camaleones son así: se mimetizan.

A Globovisión el régimen no se ha atrevido a cerrarla. El costo de tal desafuero sería demasiado elevado. El caudillo no olvida las consecuencias de haberle bajado la santamaría a RCTV. El camino escogido fue sancionarla cada cierto tiempo. Aplicarle multas desmedidas y arbitrarias. En este caso de trata de una sanción por haber cumplido con su compromiso de informarles al país y al mundo entero sobre los graves sucesos que ocurrían en la cárcel El Rodeo. Este abuso representa un nuevo atropello a los medios de comunicación privados, una violación a la libertad de expresión y un irrespeto a la obligación que tienen estos de informar de manera veraz y oportuna, tal como señala la Constitución.

Con esta ilegal medida el Gobierno pretende continuar atemorizando a los medios independientes y ocultar su responsabilidad en los dramáticos acontecimientos que sucedieron en ese centro penitenciario, donde hubo numerosos muertos producto del enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad del Estado y los reclusos. Chávez nunca les ha explicado al país y a la opinión pública internacional cómo fue que las armas de grueso calibre en manos de los presidiarios ingresaron a ese establecimiento carcelario, y quiénes integran las redes de corrupción que se lucran con el tráfico de armas en los centros penitenciarios. Un régimen que, además, ha sido incapaz de resguardar la vida de los presos, garantía señalada en la Carta Magna, ahora busca silenciar al mensajero que informa.

Chávez se ensaña contra Globovisión, televisora que de manera valiente asumió el enorme desafío de notificar y alertar sobre los hechos que acontecían. Por su parte, todo el gigantesco aparato montado por el Gobierno para garantizar la hegemonía comunicacional -que incluye televisoras, radios, periódicos y redes sociales en todo el país- solo sirvió para maquillar y tergiversar esos hechos de violencia inauditos, pues sus protagonistas eran unas personas sometidas a cautiverio.

El Gobierno pareciera olvidar que Globovisión es patrimonio de la Venezuela democrática. Del país que no se rinde ni claudica frente al autoritarismo.

Ambos disparos a quemarropa pueden salirle por la culata.

@tmarquezc