En busca de la justicia perdida LA VENEZUELA DE FUEGO Y HUMO, por Alfonso Molina

A los más de cuarenta muertos de la tragedia de Amuay —la más grave en la historia  petrolera venezolana— hay que sumarles los veintiséis cadáveres de Yare, de apenas unos días atrás, como cifras extraordinarias que se incorporan al escandaloso número de  venezolanos que cada semana mueren a manos del hampa. Una cosecha sangrienta y absurda que pone de relieve la sostenida incapacidad del gobierno para dedicarse a la protección de los ciudadanos. El artículo 131 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, conocida como LOPCYMAT, indica claramente: «En caso de muerte de un trabajador como consecuencia de violaciones graves o muy graves de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, el empleador o sus representantes serán sancionados con pena de prisión de ocho (8) a diez (10) años.» Si esta ley —concebida expresamente para castigar a la  empresa privada— se aplicara con rigor, toda la directiva de PDVSA debería pagar esos años de cárcel. No es un capricho. En el mundo energético venezolano es conocida la negligencia de la estatal petrolera en materia de salud y seguridad en el trabajo. Lo que sucedió en Amuay no es nuevo. También pasa en Jose, en Anzoategui, y otros centro de refinación y mejoramiento del crudo. De esta situación da cuenta una carta pública del ingeniero Jorge Kamkoff, miembro de la Junta Directiva de PDVSA hasta diciembre de 2002, donde afirma lo siguiente: «Existe un profundo desconocimiento de las normas de seguridad industrial. Para citar un ejemplo, en  las áreas donde se manejan hidrocarburos existen detectores de gas, que revelan la más mínima fuga de gas, acopladas a alarmas sonoras y cierres  automáticos de válvulas de control para evitar fugas de gas o de otros hidrocarburos, para que no se produzcan incendios y explosiones, como lo que ocurrió en el lamentable accidente de Amuay. Además, existe un plan de contingencia donde suenan las sirenas para desalojar a las personas que se encuentran en las áreas aledañas  a dichas instalaciones. tenemos información de gente de la zona que asegura que  este sistema no funcionó o no se encontraba operativo.» ¿Quién va a responder por las vidas segadas de más de cuarenta compatriotas? El gobierno habla de ayuda para las familias, pero debería hablar de indemnización ante los daños causados. Sabemos que bajo este régimen Rafael Ramírez y sus cómplices no serán enjuiciados. Pero llegará el tiempo de la justicia.