Lo dijo Teodoro Petkoff: para el teniente coronel, politizar la tragedia de Amuay significa buscar responsables. Con ese chantaje sensiblero busca controlar los daños, minimizar los efectos negativos de la hecatombe sobre su candidatura y paralizar a la oposición.
El régimen sugiere que lo ocurrido en la refinería fue obra del destino o de un sabotaje terrorista, como dice el lunático intelectual de izquierda, James Petras. Si ese terrible accidente hubiese sucedido durante la gestión “neoliberal” de Luis Giusti o de Andrés Sosa, todos los cañones del fanatismo izquierdista habrían apuntado hacia la destrucción de esos gerentes. Pero, la hecatombe ocurrió estando al frente de la empresa Rafael Ramírez, pieza clave del régimen, mano derecha del comandante, creador de la “nueva” PDVSA socialista y responsable directo de que la petrolera se haya convertido en la caja chica y grande del Gobierno y de partido oficialista. El régimen no hará nada que comprometa al dirigente político. Al contrario, de la mano del jefe supremo, tratará de convertirlo en héroe. Ya Diosdado Cabello habló: a Rafael Ramírez, ni con el pétalo de una rosa.
Cuando se trata de Ramírez, el oficialismo tiende sobre él un manto de protección que lo hace invulnerable. Los antecedentes que garantizan su impunidad abundan: el maletín que partió de PDVSA con 800 mil dólares destinados a la campaña de Cristina Kirchner, la estafa inmensa de pudreval, la contaminación de las aguas de río Guarapiche y la represa San Vicente en Monagas. De todos esos eventos el protegido de Chávez y, ahora, de Cabello, ha salido ileso. Ni siquiera un traumatismo leve ha sufrido. La impunidad forma parte consustancial de la patria socialista. La explosión de los depósitos de CAVIM en Maracay flota en las nubes. Esa desgracia quedó con muchas víctimas, pero sin responsables. En aquel momento también hablaron de sabotaje. La mentira era tan endeble que se derrumbó. Optaron por dejar en el olvido el episodio. Comprendieron que el verdadero estropicio es su infinita incompetencia.
Los diagnósticos preliminares de los expertos en seguridad industrial indican que en Amuay se incurrió en fallas graves en materia de prevención. La propia memoria de la empresa correspondiente al año 2011 señala que de las nueve paradas programadas de mantenimiento que debían realizarse, solo se cumplieron tres. Las seis restantes se harían durante 2012, sin embargo, en lo que va del año no se ha efectuado ninguna. Los protocolos de seguridad en la industria petrolera son inviolables. Hay que cumplirlos de forma estricta. Los chavistas no profesan esta fe.
En Amuay las humildes víctimas de la hecatombe sufrieron las consecuencias de que la industria se haya politizado de las manos de Hugo Chávez y Rafael Ramírez, se haya acabado con la meritocracia y la gerencia sea ejercida por incondicionales del proyecto hegemónico chavista, se haya distorsionado la misión y la función de PDVSA –columna central de la economía nacional- poniendo a su personal a asistir a los mitines de Chávez, a vender pollos, a construir viviendas y a ejecutar políticas sociales que deberían desarrollar otros despachos gubernamentales. En Paraguaná se vieron de manera dramática los efectos de que el presidente de la petrolera, y de paso Ministro de Petróleo, sea a la vez uno de los vicepresidentes del PSUV, responsable de la región andina.
Militante político de intensa actividad y máximo gerente de una empresa que requiere, más que dedicación exclusiva, dedicación obsesiva. Son tantas las demandas nacionales e internacionales que su Presidente debe atender, que resulta imposible utilizar el tiempo en otras tareas. En la república de quinta en que Hugo Chávez transformó a Venezuela, ese señor concentra varios cargos, cada uno de los cuales exige un compromiso total.
Lo ocurrido en Amuay es tan grave que el país no puede permitir que el crimen quede impune. La Lopcymat fue aprobada por el chavismo como parte del cerco comunista a la propiedad y a la iniciativa privada. En esa ley se prevén sanciones drásticas a quienes quebranten las normas de seguridad. En Amuay deben de haberse violado muchas de esas reglas, ¿se les aplicarán esos castigos a los máximos responsables de que la desidia desatase la conflagración? Solo la presión de la opinión pública logrará que los hechos se aclaren y las responsabilidades se establezcan.
La industria petrolera en manos del chavismo es una bomba de tiempo. Los hechos lo demuestran. Salgamos de ellos el 7-0.
@ tmarquezc
Ideas de Babel 
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